Desde 1749 se realizó, en los 15 000 lugares con que contaba la Corona de Castilla (entre los que no se cuentan los de las provincias vascas, por estar exentas de impuestos), una minuciosa averiguación a gran escala de sus habitantes, propiedades territoriales, edificios, ganados, oficios, rentas, incluidos los censos; incluso de las características geográficas de cada población.^[1]​ Fue ordenada por el rey Fernando VI a propuesta de su ministro el marqués de la Ensenada y recibe hoy el nombre de Catastro de Ensenada.

Cuando Fernando VI asumió los planes reformistas del marqués de la Ensenada ordenó en 1749 la realización de un catastro de la riqueza de todas las provincias de Castilla para establecer en ellas una única contribución inspirada en el sistema impositivo catalán, ello dio lugar al denominado Catastro de Ensenada que buscó realizar un control de todos los súbditos, incluso los estamentos privilegiados, por el que cada individuo declaraba sus propiedades divididas en parcelas y el contenido de las mismas. El objetivo era la riqueza, pero subsidiariamente se obtuvo información demográfica. El Catastro de la Ensenada se realizó mediante la cumplimentación de un cuestionario que contenía 40 preguntas que debían ser contestadas por los vecinos. Se considera que este censo pertenece a la época preestadística, presenta una clasificación por edades y sexos sumamente imprecisa, simple e irregular; de hecho, es un recuento parcial, puesto que solo afectó a las provincias de la corona castellana, excluyendo las exentas y las de la Corona de Aragón.